Eso debió pensar Alberto Ruiz Gallardón cuando casi tres décadas después de la muerte de su padre fue nombrado ministro de Justicia, cargo desde el que podría retomar la gran cruzada de su progenitor. Para los que no sepan de qué hablo, les recuerdo que el ilustre abogado José María Ruiz Gallardón y un jovencísimo Federico Trillo fueron los encargados de llevar ante el Tribunal Constitucional la Ley del Aborto del Gobierno de Felipe Gonzalez en 1985. Entonces, el TC les dio la razón de forma parcial, lo que no evitó que la ley de supuestos se pusiera en marcha.
Sólo un año después de esta amarga victoria, Gallardón padre moría. El joven Alberto pronto sería concejal, Secretario General de Alianza Popular, senador, diputado, presidente de la Comunidad de Madrid y alcalde de la capital. En este cargo se labraría una popularidad a nivel estatal combinando proezas como la obra faraónica de Calle 30 o desafiando a su propio partido oficiando bodas homosexuales en el ayuntamiento mientras el PP imponía un recurso por inconstitucionalidad. Lo mismo ocurrió cuando en 2004 anunció que los Servicios Sociales de Madrid darían de forma gratuita la píldora del día después cuando el precio de esta supusiera una barrera para conseguirla. Casi nada. Desafío total.
Pero cómo han recordado muchos medios en estos últimos seis meses -a través de frases ya míticas como la violencia estructural contra la embarazada-, el progre del PP siempre fue un lobo con piel de oveja. Cómo dice Juan José Millás, la doble vida de Gallardón tocó a su fin. Fuera máscaras. No sólo hizo que las asociaciones de mujeres y las clínicas dieran por su puesto que la ley de plazos de 2010 iba a ser derogada y se volvería a los supuesto, si no que ha ido mucho más allá. Las mujeres no sólo tendrán que pasar por trastornadas para que las dejen elegir lo que pasará en su propio cuerpo asegurando que su integridad mental o física peligra, si no que quiere acabar con un supuesto: el de las deformidades del feto.
De ahí que muchos periodistas, expertos, sociólogos y políticos hayan acusado este fin de semana a Gallardón de querer retroceder cuarenta años, hasta antes de la ley del 85, cuando el aborto tenía dos únicas salidas: a Londres para la gente con posibles; o la intervención clandestina para los pobres. Merche Negro en una carta abierta al ministro de Justicia en ElDiario.es da un dato terrorífico: sólo en un año, en 1976, se llevaron a cabo 300.000 abortos clandestinos, que acabaron con la vida de 3.000 mujeres.
Sin ayudas a las madres, sin Ley de Dependencia para los discapacitados, sin estabilidad social, con recortes en las prestaciones por desempleo, en la Sanidad y en la Educación públicas, con el despido libre: ¿De qué libertad habla este hombre cuando decía aquello de que la maternidad es lo que hace a la mujer auténticamente mujer?
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