Violencia institucional, aborto y menores

Publicado en Pubicoscopia

violencia_mujer_violacion_abortoNo me cansaré de decirlo: una de las peores violencias que se puede ejercer contra todas es la institucional. Y parece que el PP no quiere dejarme en evidencia y se esfuerza en demostrarlo semana tras semana. Hace apenas unos días, modificaban el anteproyecto de la ley de corresponsabilidad parental para introducir una excepcionalidad con la que posibilitan a los maltratadores a llegar a tener la custodia de los hijos. Una puerta cerrada en teoría en 2010, cuando una modificación en el Código Penal apoyaba la Ley integral sobre violencia contra la mujer para impedir que este caso se diera. Con dramáticos finales como el caso de los niños de Huelva y José Bretón en la memoria o el caso de Andrea que fue asesinada por su padre aprovechando una visita no tutelada, todos los sectores de la sociedad que se preocupan por el bienestar de los menores aplaudieron la medida.

Aunque en la realidad algunos de los jueces ‘insumisos’ de la ley integral se habían empeñado en usar estratagemas para acabar facilitando el acceso a los menores por parte de hombres imputados o condenados en firme por maltratar a la madre de los niños, la ley seguía apoyando a quienes denunciaban esta irregularidad a todas luces. Hasta ahora. El Partido Popular, que depende de cómo sople el viento, apoya o no las decisiones judiciales, ha iniciado un proceso para que estas estratagemas tengan apoyo normativo. Las contradenuncias de los maltratadores – que ponen al mismo nivel una brutal paliza de heridas defensivas que la víctima pueda generar a su agresor- y la presión de grupos de padres que piden la custodia compartida impuesta, ha hecho que se declinen por apoyar a estos y no a menores ni a sus madres maltratadas.

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Silbatos contra crucifijos

No era una manifestación como otra cualquiera. Pues que haya más manifestación por el recorte de derechos, por una involución social, por empeorar la situación de los ciudadanos. Pero esta era especial, ya que afecta directamente a la capacidad de la mitad de la población de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Ya que pedía lo que se consiguió hace casi 30 años, ya que revela el papel que quiere el partido en el poder para esa mitad de la población y la condena a la clandestinidad y hasta a la muerte.

Escrache feminista MadridYa sabéis que me refiero a las protestas por la contrarreforma anunciada por el ministro de Justicia para la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Unas manifestaciones, como la de ayer –que se denominó escrache feminista al acabar en la casa de este-, que han conseguido frenar el cambio legislativo. Muchos dirán que ha sido por temas de agenda, pero si Gallardón no ha conseguido en año y medio presentar ni siquiera un borrador es por el rechazo social. Un rechazo que hasta se encuentra en los sectores más reaccionarios, más religiosos y hasta en las filas del PP.

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Gallardón: Cuarenta años no son nada

Eso debió pensar Alberto Ruiz Gallardón cuando casi tres décadas después de la muerte de su padre fue nombrado ministro de Justicia, cargo desde el que podría retomar la gran cruzada de su progenitor. Para los que no sepan de qué hablo, les recuerdo que el ilustre abogado José María Ruiz Gallardón y un jovencísimo Federico Trillo fueron los encargados de llevar ante el Tribunal Constitucional la Ley del Aborto del Gobierno de Felipe Gonzalez en 1985. Entonces, el TC les dio la razón de forma parcial, lo que no evitó que la ley de supuestos se pusiera en marcha.

Sólo un año después de esta amarga victoria, Gallardón padre moría. El joven Alberto pronto sería concejal, Secretario General de Alianza Popular, senador, diputado, presidente de la Comunidad de Madrid y alcalde de la capital. En este cargo se labraría una popularidad a nivel estatal combinando proezas como la obra faraónica de Calle 30 o desafiando a su propio partido oficiando bodas homosexuales en el ayuntamiento mientras el PP imponía un recurso por inconstitucionalidad. Lo mismo ocurrió cuando en 2004 anunció que los Servicios Sociales de Madrid darían de forma gratuita la píldora del día después cuando el precio de esta supusiera una barrera para conseguirla. Casi nada. Desafío total.

Pero cómo han recordado muchos medios en estos últimos seis meses -a través de frases ya míticas como la violencia estructural contra la embarazada-, el progre del PP siempre fue un lobo con piel de oveja. Cómo dice Juan José Millás, la doble vida de Gallardón tocó a su fin. Fuera máscaras. No sólo hizo que las asociaciones de mujeres y las clínicas dieran por su puesto que la ley de plazos de 2010 iba a ser derogada y se volvería a los supuesto, si no que ha ido mucho más allá. Las mujeres no sólo tendrán que pasar por trastornadas para que las dejen elegir lo que pasará en su propio cuerpo asegurando que su integridad mental o física peligra, si no que quiere acabar con un supuesto: el de las deformidades del feto.

De ahí que muchos periodistas, expertos, sociólogos y políticos hayan acusado este fin de semana a Gallardón de querer retroceder cuarenta años, hasta antes de la ley del 85, cuando el aborto tenía dos únicas salidas: a Londres para la gente con posibles; o la intervención clandestina para los pobres. Merche Negro en una carta abierta al ministro de Justicia en ElDiario.es da un dato terrorífico: sólo en un año, en 1976, se llevaron a cabo 300.000 abortos clandestinos, que acabaron con la vida de 3.000 mujeres.

Sin ayudas a las madres, sin Ley de Dependencia para los discapacitados, sin estabilidad social, con recortes en las prestaciones por desempleo, en la Sanidad y en la Educación públicas, con el despido libre: ¿De qué libertad habla este hombre cuando decía aquello de que la maternidad es lo que hace a la mujer auténticamente mujer?

Vetar nuestra decisión sobre la reproducción también es violencia

Desde que Gallardón dijo aquello de la “violencia estructural” contra la mujer que quiere ser madre o que quería volver a los supuestos, quien más  quien menos a hecho sus cábalas sobre cómo quedará la Ley Salud Sexual y Reproductiva cuando la reforme. Aunque se ha hablado de varios puntos – cómo el de el derechos de una mujer de 16 años a decidir por ella misma qué pasará en su cuerpo-, el principal cambo será el de cambiar el modelo de los plazos por el de los supuestos. Traducido: la mujer actualmente puede alegar que aborta porque ha decidido que no quiere ser madre en ese momento. Antes y, supuestamente, en los próximos meses tendrá que decir que su salud mental o física peligra con el embarazo no deseado. Si quieres ejercer tu derecho sobre tus órganos reproductivos tendrás que convencer a un desconocido de que te podrías volver loca. Y dependerá del profesional que te toque de que facilite o no este paso tan difícil para cualquier mujer.

Ahora mismo, la persona que decida interrumpir su embarazo de forma voluntaria puede acudir a una clínica autorizada de forma privada o a través del Sistema Nacional de Salud. En el 98% de los casos, el escenario suele el mismo, ya que las mujeres que deciden hacerlo por la vía pública suelen acabar derivadas a centros privados. Sólo el 1,83% de las mujeres que fueron intervenidas por este motivo en 2010 lo hicieron en centros públicos. ¿Esto es porque no hay centros preparados dentro de la red pública? Los mapas del Ministerio de Sanidad dicen que no es así: en Galicia hay tres privados y dos públicos; en Euskadi siete de cada; en Baleares son cinco públicos y tres privados.

Es verdad que hay diferencia entre comunidades, pero la media de intervenciones coincide en casi todas. Según el Dr. Segurelles, de la clínica coruñesa Arcos, esto es porque “a la administración le sale más rentable” delegar en centros privados y devolver después el coste de la intervención. Una opinión que no comparten desde el BNG, que pese a apoyar en la mayoría de los puntos a la actual normativa, ve en esta práctica un “problema” de la ley de 2010. En palabras de Ana Pontón, portavoz del grupo nacionalista en el Parlamento gallego y en la Comisión de Igualdad,  “nos se fixo nada para preparar a profesionais no sistema público para atender estes servizos e hai intereses económicos coas clínicas”.

Aunque ningún medio hable de esto, uno de los puntos que puede cambiar de la mano de Gallardón puede ser a subvención de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que pondría en jaque la igualdad ante este derecho de todas. ¿Estaríamos abriendo la puerta a que solo las personas que se lo puedan permitir acudan a médicos autorizados a abortar? ¿Se recurrirá a las intervenciones por la puerta de atrás? ¿Volverán los abortos clandestinos? Estas preguntas y otras se plantean en el reportaje que realicé esta semana para Praza Pública.