Publicado en Pubicoscopia
No me cansaré de decirlo: una de las peores violencias que se puede ejercer contra todas es la institucional. Y parece que el PP no quiere dejarme en evidencia y se esfuerza en demostrarlo semana tras semana. Hace apenas unos días, modificaban el anteproyecto de la ley de corresponsabilidad parental para introducir una excepcionalidad con la que posibilitan a los maltratadores a llegar a tener la custodia de los hijos. Una puerta cerrada en teoría en 2010, cuando una modificación en el Código Penal apoyaba la Ley integral sobre violencia contra la mujer para impedir que este caso se diera. Con dramáticos finales como el caso de los niños de Huelva y José Bretón en la memoria o el caso de Andrea que fue asesinada por su padre aprovechando una visita no tutelada, todos los sectores de la sociedad que se preocupan por el bienestar de los menores aplaudieron la medida.
Aunque en la realidad algunos de los jueces ‘insumisos’ de la ley integral se habían empeñado en usar estratagemas para acabar facilitando el acceso a los menores por parte de hombres imputados o condenados en firme por maltratar a la madre de los niños, la ley seguía apoyando a quienes denunciaban esta irregularidad a todas luces. Hasta ahora. El Partido Popular, que depende de cómo sople el viento, apoya o no las decisiones judiciales, ha iniciado un proceso para que estas estratagemas tengan apoyo normativo. Las contradenuncias de los maltratadores – que ponen al mismo nivel una brutal paliza de heridas defensivas que la víctima pueda generar a su agresor- y la presión de grupos de padres que piden la custodia compartida impuesta, ha hecho que se declinen por apoyar a estos y no a menores ni a sus madres maltratadas.
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