Llegó el día: ya no tengo derecho a decidir

267275_474002832631081_1825053547_nRealmente estaba esperanzada en que no llegaría este día, pero no fue así. Aún recuerdo que las primeras colaboraciones que hice para Praza Pública en 2012 ya fue sobre la contrareforma anunciada por Gallardón. Se titulaba «Una mala reforma da lei podería traer de novo os abortos clandestinos«. Algunos de los médicos de clínicas abortivas destacaban que lo primero que harían sería dificultar el acceso a la intervención subvencionada por dinero público. Una especie de privatización que traería consigo lo de hace 30 años: las ricas se iban a Londres y las pobres se arriesgaban en casa.

Además de esto, los médicos estaban preocupados por si se volvía a la ley de supuestos, que obligaba a la mujer a mentir. La mayoría de los abortos se situaban en el supuesto de la salud de la madre. Salud física y mental, por lo que muchos médicos marcaban esta última casilla y las mujeres tenían que pasar por locas, deprimidas o vete a saber que más. No había una casilla de ‘soy adulta y yo decido qué pasa en mi cuerpo’. Volver a mentir, era el gran miedo. Pues se quedaron muy cortos. Resulta que la salud del feto tampoco importa. Ni una vida de sufrimiento por as malformaciones con las que pueda nacer.

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Justicia para Karina

Bajo el hashtag #JusticiaparaKarina Chile y medio mundo reclaman la libertad para una mujer de 34 años que mató a su marido de un disparo después de sufrir durante 18 años agresiones, menosprecios y violaciones. Lleva 18 meses en prisión. En la cárcel de San Miguel, donde recientemente fue asesinada la directora del centro a manos de su pareja. La comprensión de las compañeras de Karina y de las funcionarias no falta. «No tendría que estar aquí», declaran a los medios chilenos.

Imagen de www.theclinic.cl
Imagen de http://www.theclinic.cl

Hoy empieza el juicio oral contra ella y me viene a la mente otro caso con sentencia en firme, esta vez en España. El de Pilar, de 66 años, que en 2009 mató a su marido con un cuchillo. Detrás de este suceso estaban 44 años de maltrato continuo. Un jurado popular, compuesto por ocho hombres y una mujer, consideraron que los hecho se produjeron fruto de una vida de torturas y miedo, mucho miedo. No fue suficiente para la Fiscalía, que recurrió hasta que Pilar fue condenada a tres años. Sus cinco hijos, que apoyan a su madre como la única víctima de este caso, han pedido un indulto parcial para que su madre no pise la cárcel.

La diferencia entre lo que vivieron Pilar y Karina no es mucha, pero el contexto en el que viven sí que lo es. La navarra tuvo que lidiar con argumentos legales sobre los atenuantes, las votaciones o los conceptos de pena. La chilena se enfrenta a argumentos de la Fiscalía como que la acusada era una mala madre por trabajar fuera de casa o que merecía la ira de su esposo por tener amantes. Las activistas del país denuncian que durante el año y medio que lleva presa, han logrado manipular testimonios de médicos e incluso de sus tres hijos, que apenas dejan ver a su madre.

Manifestación en India contra la violencia contra la mujer
Manifestación en India contra la violencia contra la mujer

La falta de condenas contra violadores y maltratadores se denuncia cada día en Chile, dónde una mujer con 64 cicatrices todavía tiene que luchar para ser reconocida como víctima de la violencia de género. ¿Tenemos que esperar a que suceda una brutal violación como la ocurrida en India para que un país reaccione? Tanto en Chile como en India el principal problema es la falta de investigación de este tipo de delitos, dejando impunes a los criminales. En España nos enfrentamos a un recorte de las herramientas de lucha y a una vuelta a la idea de conflicto familiar que sólo logra más muerte e injusticia. Por eso, cuando las activistas reclaman justicia para Karina lo están haciendo para todas las mujeres sometidas, silenciadas y vejadas de todo el planeta.

Para seguir el juicio contra Karina recomiendo la cuenta de Tatiana Hernández, del Observatorio Género y Equidad.

Cuando la violación y el maltrato es la norma

Estudiar las cifras de feminicios en Iberoamérica es mucho más que una patada en el estómago. Son cifras de tres y cuatro ceros, imposibles de cuantificar. 80.000 denuncias en el conflicto colombiano, 700 mujeres asesinadas en Honduras en sólo un año, 250.000 ingresos en hospitales brasileños por intentar abortar de forma clandestina. Y esas son sólo las oficiales. Las denuncias de mujeres que se sobreponen a lo vivido, sacan fuerzas de donde no las hay y se enfrentan a la reprobación de su entorno.

En España muchos casos de malos tratos no salen nunca de las sombras de las casa: por miedo a represalias, a que nadie las crea, al eterna promesa del ‘cambiará’, al no entender la situación como un problema, al ‘ha sido culpa mía’. Sin duda, es un reto para todas y todos que estas barreras desaparezcan y que los maltratadores sean repudiados en cualquier contexto de la sociedad. Pero una vez sobrepuesta a esos miedos, la mujer latinoamericana se encuentra con que no hay una legislación que la reconozca como víctima en sí, con que la corrupción de la policía hace inútil su denuncia, con que no tiene una casa de acogida a la que ir con sus escasas pertenencias e hijos, con que el maltratador le ha jurado matarla.

Pero ese no es el mayor problema, aunque cueste creerlo. Porque todas esas fases han pasado después del hecho más necesario: la mujer se ha negado a seguir siendo maltratada y le ha puesto nombre a esa situación. En Bolivia, en Guatemala, en Perú, las asociaciones de mujeres tienen como principal cometido educar en los valores de una relación. Explican a las mujeres que no es normal que les peguen, que las agredan sexualmente, que las controlen, que sus parejas tengan celos, que las insulten. Por que muchas de ellas han visto eso desde pequeñas en casa y en muchas ocasiones han sido víctimas de estos abusos por parte de sus padre, hermanos o tíos. Es educar para la superviviencia, es educar para la igualdad.

Radiografía de la violencia contra las mujeres en Latinoamérica, reportaje para Praza Pública.