Todas somos putas baratas

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He retraso escribir estas líneas a propósito. Quería ver las reacciones y sobre todo ver cuánto tiempo duraban en la primera línea de noticias. Después del revuelo por un tuit antiguo del concejal madrileño Guillermo Zapata, es fácil suponer que cualquier manifestación que atente contra la dignidad de las personas va a ser cuánto mínimo reprendido y llevado a los tribunales. Pero… ¡sorpresa! En el caso de ciertos dirigentes, pese a que sus comentarios no son citas, son actuales y afectan a personas que se han sentido heridas, no ocurre nada. Hablo del alcalde de Villares del Saz, José Luis Valladolid, llamando en Facebook a una de sus rivales políticas – la portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre- ‘puta barata podemita’.

1fc785dd32cc78a9903f1c31c19fa85f_L — Manifestación contra la violencia machista

Dejando de lado lo de ‘podemita’ –término muy de moda en la derecha para referirse de forma despectiva, no sólo a miembros de Podemos, si no a cualquiera que pueda coincidir en alguna medida con ellos-, el insulto es muy concreto y específico: ‘puta barata’. Se trata de un insulto que no se puede usar con cualquier rival, requiere que sea mujer. Se trata de atacar de forma directa a la libertad sexual de esa mujer y que, por obra y gracia del sistema patriarcal, no tiene un símil semejante para arremeter con las prácticas sexuales que quiera llevar a delante un hombre.

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Privatizar el aborto

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Que nadie se lleve a engaño. La nueva estrategia del PP cuando lanza el mensaje de que el aborto “no es un derecho” no es ninguna novedad. Ya lo pretendían durante los más de dos años que duró el periodo entre los ‘globos sonda’ enviados y la presentación de la propuesta de modificación de Ley presentada por Gallardón.

Se trata de atacar por varios frentes la Ley de Plazos aprobada en 2010: por un lado el consentimiento de las menores- que esta semana se debatirá-, los motivos que tiene o no que argumentar la mujer, la salud mental de la madre, la situación por la cual se quedó en estado la mujer, el estado del feto, etc. Y en todos estos frentes la financiación pública de la intervención como caballo de batalla transversal.

Porque esta cantinela que llevan repitiendo más de una semana los barones destacables del PP sobre si el aborto no es un derecho de la mujer, no hace más que dar un rodeo para llegar al mismo punto. Si esta práctica médica no es un derecho de la mujer, no tiene por qué estar cubierta por la Seguridad Social. Si no está cubierta por la sanidad pública, serán sólo las clínicas privadas quienes practiquen aborto. Y sólo quienes puedan afrontar la factura médica, de estancia y de las recetas podrá abortar. Abortar con garantías sanitarias y protegiendo su salud, porque abortando se seguirá abortando.

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Violencia institucional, aborto y menores

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No me cansaré de decirlo: una de las peores violencias que se puede ejercer contra todas es la institucional. Y parece que el PP no quiere dejarme en evidencia y se esfuerza en demostrarlo semana tras semana. Hace apenas unos días, modificaban el anteproyecto de la ley de corresponsabilidad parental para introducir una excepcionalidad con la que posibilitan a los maltratadores a llegar a tener la custodia de los hijos. Una puerta cerrada en teoría en 2010, cuando una modificación en el Código Penal apoyaba la Ley integral sobre violencia contra la mujer para impedir que este caso se diera. Con dramáticos finales como el caso de los niños de Huelva y José Bretón en la memoria o el caso de Andrea que fue asesinada por su padre aprovechando una visita no tutelada, todos los sectores de la sociedad que se preocupan por el bienestar de los menores aplaudieron la medida.

Aunque en la realidad algunos de los jueces ‘insumisos’ de la ley integral se habían empeñado en usar estratagemas para acabar facilitando el acceso a los menores por parte de hombres imputados o condenados en firme por maltratar a la madre de los niños, la ley seguía apoyando a quienes denunciaban esta irregularidad a todas luces. Hasta ahora. El Partido Popular, que depende de cómo sople el viento, apoya o no las decisiones judiciales, ha iniciado un proceso para que estas estratagemas tengan apoyo normativo. Las contradenuncias de los maltratadores – que ponen al mismo nivel una brutal paliza de heridas defensivas que la víctima pueda generar a su agresor- y la presión de grupos de padres que piden la custodia compartida impuesta, ha hecho que se declinen por apoyar a estos y no a menores ni a sus madres maltratadas.

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#STOPCañete: Ni en España ni en Europa

Parece sacado de un mal chiste: un ex ministro de Agricultura que quiere ser Comisario Europeo de la cartera combinada de Energía y Acción por el Clima. Para ello empieza a borrar de su CV participaciones en empresas y cargo que le harían incompatible con el cargo por conflicto de intereses. ¿Ahora importan sus relaciones y negocios con la industria energética pero para ser ministro en España no? ¿Cómo deja esto la imagen de España?

Pero nos deja ‘exportar’ un personaje machista, incapaz de imaginar políticas públicas, cuyo concepto de sostenibilidad son duchas frías y yogures caducados y que acaba de incluir sobresueldos del PP en la declaración de ingresos obligatoria para optar al cargo en el Parlamento Europeo. Una falta de ética (y estética) tan grande que hasta las y los europarlamentarios de otros países se han dado cuenta y han montado una campaña en contra del candidato español: manifiesto #STOPCañete, recogida de firmas y un seguimiento exhaustivo de sus últimos pasos.

Unos pasos que en breve sabremos si concluyen aquí, ya que hoy a las 18:00 examinarán si Arias Cañete cumple con los requisitos para ser Comisario Europeo o no. Una audiencia que durará una media de tres horas con 45 preguntas que servirán para muchos más que para saber si Cañete es apto o no para el cargo. Servirán para saber cómo de comprometidos están los europarlamentarios con el bien común de sus países o si las siglas de sus partidos pesan tanto como en España. En breve lo sabremos

Sigue la audiencia en directo en este enlace.

Impunidad Universal

Abandonar a las víctimas, arrojar por la borda años de trabajo, eliminar una de las pocas cosas que hacían sobresalir para bien España. Eso es lo que acaba de hacer el Gobierno del PP aprobando en solitario una reforma que ata de pies y manos a la Jurisdicción Universal. Los obstáculos a los jueces para defender a las víctimas más allá de nuestras fronteras serán tan grandes a partir de ahora que prácticamente se les impedirá investigar. Eso sólo se traduce en impunidad.

Impunidad como la que viven las personas que han sufrido una dictadura, una guerra, una persecución por su raza, su religión o su étnia, perseguidos por la homofobia, la misoginia o la pederastia. Entre otros miles de males que desde hoy campan un poco más a su ancha.

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