La Justicia ciega y machista, el caso de María Salmerón

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e91d4bffb3740293782b8a84b3f916e9_XLUn día recibes un premio del Gobierno por tu lucha y a los tres meses te quieren meter en la cárcel por la misma acción. Así se podría resumir la historia de María Salmerón, la mujer víctimas de la violencia machista que hoy, al fin, recibió un nuevo indulto para no tener que ingresar en la cárcel. Digo de nuevo porque en 2012 le indultaron de una condena similar. Esta consistía en no hacer caso a un dictamen judicial. Así de rotundo, pero más rotundo el dictamen judicial: obligaba a María a dejar a su hija en manos de su maltratador. Un hombre condenado por agredir y despreciar a su madre, que la hija de María no quiere ni ver.

Es reincidente. ¿Quién no lo sería? Si hoy no quieremos que una menor esté al cargo de un hombre condenado en firme por violencia machista, ¿qué puede hacer pensar que mañana no nos importará que esté con él? Eso es lo que opina María -y su hija-, que si en su momento fue condenada por no acatar las visitas paternas, de nuevo a vuelto a serlo por lo mismo. Y aunque no entre en la cárcel, ya paga el respetar la voluntad de su hija de 15 años. María, auxiliar de enfermería, tiene una parte de su nómina embargada para hacer frente a las multas.

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Privatizar el aborto

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Que nadie se lleve a engaño. La nueva estrategia del PP cuando lanza el mensaje de que el aborto “no es un derecho” no es ninguna novedad. Ya lo pretendían durante los más de dos años que duró el periodo entre los ‘globos sonda’ enviados y la presentación de la propuesta de modificación de Ley presentada por Gallardón.

Se trata de atacar por varios frentes la Ley de Plazos aprobada en 2010: por un lado el consentimiento de las menores- que esta semana se debatirá-, los motivos que tiene o no que argumentar la mujer, la salud mental de la madre, la situación por la cual se quedó en estado la mujer, el estado del feto, etc. Y en todos estos frentes la financiación pública de la intervención como caballo de batalla transversal.

PLATAFORMA MUJERES RECLAMA ABORTO LIBREPorque esta cantinela que llevan repitiendo más de una semana los barones destacables del PP sobre si el aborto no es un derecho de la mujer, no hace más que dar un rodeo para llegar al mismo punto. Si esta práctica médica no es un derecho de la mujer, no tiene por qué estar cubierta por la Seguridad Social. Si no está cubierta por la sanidad pública, serán sólo las clínicas privadas quienes practiquen aborto. Y sólo quienes puedan afrontar la factura médica, de estancia y de las recetas podrá abortar. Abortar con garantías sanitarias y protegiendo su salud, porque abortando se seguirá abortando.

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El Estado: enemigo de los menores víctimas de la violencia de género

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Ángela González, victima de la violencia machista, muestra el dictamen de la ONU sobre el asesinato de su hija a manos de su maltratador
Ángela González, victima de la violencia machista, muestra el dictamen de la ONU sobre el asesinato de su hija a manos de su maltratador

Además trataba el tema de las reformas futuras y los coladeros actuales que permitían a jueces y juezas misóginos pasarse por la toga las recomedaciones de los expertos en violencia de género y ceder visitas y tutelas a padres maltratadores. Condenados, imputados e incluso en la cárcel por asesinatos machistas. Sobre este asunto ha habido novedades, ya que la propuesta del Gobierno a la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia incluiría a los menores expuestos a la violencia machista como víctimas de esta lacra. Un intento de seguir juntando las piezas del puzle que completa el sistema patriarcal y sus efectos. ¿Pero de qué sirve que los menores sean considerados víctimas de la violencia machista si el Estado no hará nada para protegerles?

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Violencia institucional, aborto y menores

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violencia_mujer_violacion_abortoNo me cansaré de decirlo: una de las peores violencias que se puede ejercer contra todas es la institucional. Y parece que el PP no quiere dejarme en evidencia y se esfuerza en demostrarlo semana tras semana. Hace apenas unos días, modificaban el anteproyecto de la ley de corresponsabilidad parental para introducir una excepcionalidad con la que posibilitan a los maltratadores a llegar a tener la custodia de los hijos. Una puerta cerrada en teoría en 2010, cuando una modificación en el Código Penal apoyaba la Ley integral sobre violencia contra la mujer para impedir que este caso se diera. Con dramáticos finales como el caso de los niños de Huelva y José Bretón en la memoria o el caso de Andrea que fue asesinada por su padre aprovechando una visita no tutelada, todos los sectores de la sociedad que se preocupan por el bienestar de los menores aplaudieron la medida.

Aunque en la realidad algunos de los jueces ‘insumisos’ de la ley integral se habían empeñado en usar estratagemas para acabar facilitando el acceso a los menores por parte de hombres imputados o condenados en firme por maltratar a la madre de los niños, la ley seguía apoyando a quienes denunciaban esta irregularidad a todas luces. Hasta ahora. El Partido Popular, que depende de cómo sople el viento, apoya o no las decisiones judiciales, ha iniciado un proceso para que estas estratagemas tengan apoyo normativo. Las contradenuncias de los maltratadores – que ponen al mismo nivel una brutal paliza de heridas defensivas que la víctima pueda generar a su agresor- y la presión de grupos de padres que piden la custodia compartida impuesta, ha hecho que se declinen por apoyar a estos y no a menores ni a sus madres maltratadas.

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