Otra vez más. De nuevo. El Gobierno español hace muchos años que dejó a su suerte a los saharauis, que boicoteó su independencia y que dejó su vida en manos de un régimen totalitario. Desde entonces, siempre que ha podido ha mirado para otro lado, ha evitado condenar la represión marroquí contra la población que se ha negado a dejar su tierra y que ha favorecido cualquier acto del Frente Polisario. ¿Qué le queda por hacer? Pues cerrar el grifo de cualquier ayuda que puedan recibir, material o en forma de personal.
Después de los recortes brutales a la cooperación y el desarrollo, les queda la última baza: la del miedo. García Margallo dice que tiene «indicios fundados» de que los terroristas tienen en el punto de mira a los extranjeros que trabajan en los campos de refugiados en Argelia. E incluso, por sorpresa, ha repatriado a cooperantes y voluntarios de Tinduf. El ministro de Exteriores hace referencia al secuestro de Ainhoa Fernández, Eric Gonyalons y Rossella Urru para justificar su decisión. Pero si ya había peligro y el Frente Polisario no era capaz de defender a los cooperantes, ¿por qué no realizar esta repatriación después de los secuestros en octubre?
El Gobierno saharaui tienen claro que la decisión de García Margallo tendrá «consecuencias dramáticas para los saharauis de Tinduf» y desde Médicos Mundi, Mundubat y Asociación Amigos del Pueblo Saharaui aseguran en un comunicado que el Gobierno “ha cedido al chantaje” y critica que deje “abandonadas a su suerte a decenas de miles de refugiados, cuyas vidas dependen totalmente de la presencia de los cooperantes”. Dejando de lado si está justificada o no la repatriación, lo que más se critica es la falta de información por parte de Exteriores: ¿Sólo corren peligro en Tinduf? ¿Qué parte del Sahara es potencialmente peligrosa? ¿De dónde salen esas informaciones? ¿Se mantiene informado al Frente Polisario y a Argelia? Y la pregunta que más se hacen las ONGD: ¿Qué pasó realmente en el secuestro de Eric, Rossella y Ainhoa?