Hace unos días hablaba con varios alumnos de la Universidad Javaliana de Cali, Colombia, que tenían en común ser benefactores de unas becas de estudios. Unas becas de matrículas y también de manutención. Muy importante si consideramos que estos chavales tenían en común pertenecer a dos de los grupos sociales más discriminados en Colombia: los afrodescendientes y los indígenas. Sin esta ayuda, nunca podrían pagar la matrícula de medicina o derecho en una universidad privada (de más fácil acceso que las públicas) y mucho menos costearse una residencia o vivienda en la ciudad y el transporte desde sus lugares de origen.

“Somos diferentes a los demás estudiantes, no sólo por nuestra cultura propia sino porque tenemos que esforzarnos mas para alcanzar el nivel académico y el ritmo de los estudios en la ciudad”, explicaba Yerson Penagos, que a sus 20 años ya está terminando medicina. “Algunos se burlaban y me preguntaban que porqué no iba en taparrabos a clase”, sigue Ronald, su compañero de clase y beca, que ya piensa en ir a México en cuanto acabe. “Allí tienen una maestría sobre plantas naturales que aquí no imparten”. El caso de Jane es todavía más impactante, ya que no sólo vino a la ciudad en busca de estudios superiores sino huyendo del conflicto armado. Su madre, defensora de los derechos humanos de afros, campesinos e indígenas, tuvo que huir a Cali después de recibir algo más que amenazas de muerte. Ahora Jane estudia Derecho para “poder ayudar a la gente de su comunidad”.

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