Estudiar las cifras de feminicios en Iberoamérica es mucho más que una patada en el estómago. Son cifras de tres y cuatro ceros, imposibles de cuantificar. 80.000 denuncias en el conflicto colombiano, 700 mujeres asesinadas en Honduras en sólo un año, 250.000 ingresos en hospitales brasileños por intentar abortar de forma clandestina. Y esas son sólo las oficiales. Las denuncias de mujeres que se sobreponen a lo vivido, sacan fuerzas de donde no las hay y se enfrentan a la reprobación de su entorno.

En España muchos casos de malos tratos no salen nunca de las sombras de las casa: por miedo a represalias, a que nadie las crea, al eterna promesa del ‘cambiará’, al no entender la situación como un problema, al ‘ha sido culpa mía’. Sin duda, es un reto para todas y todos que estas barreras desaparezcan y que los maltratadores sean repudiados en cualquier contexto de la sociedad. Pero una vez sobrepuesta a esos miedos, la mujer latinoamericana se encuentra con que no hay una legislación que la reconozca como víctima en sí, con que la corrupción de la policía hace inútil su denuncia, con que no tiene una casa de acogida a la que ir con sus escasas pertenencias e hijos, con que el maltratador le ha jurado matarla.

Pero ese no es el mayor problema, aunque cueste creerlo. Porque todas esas fases han pasado después del hecho más necesario: la mujer se ha negado a seguir siendo maltratada y le ha puesto nombre a esa situación. En Bolivia, en Guatemala, en Perú, las asociaciones de mujeres tienen como principal cometido educar en los valores de una relación. Explican a las mujeres que no es normal que les peguen, que las agredan sexualmente, que las controlen, que sus parejas tengan celos, que las insulten. Por que muchas de ellas han visto eso desde pequeñas en casa y en muchas ocasiones han sido víctimas de estos abusos por parte de sus padre, hermanos o tíos. Es educar para la superviviencia, es educar para la igualdad.

Radiografía de la violencia contra las mujeres en Latinoamérica, reportaje para Praza Pública.