La pobreza de hoy, es la violencia de mañana

Nada más terminar un reportaje en el que analizo cómo después de tres años de recortes el nivel de implicación del Gobierno gallego en Cooperación ha retrocedido casi una década, me conecto a ver los detalles de los Presupuestos Generales del Estado. Creyendo que lo peor ya llegó el viernes pasado -cuando el brillante Ejecutivo de Rajoy pero sin Rajoy- cuando se anunció un recorte genérico del 54% en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, me topo con que la cifra se ceba casi exclusivamente con la Ayuda al Desarrollo. En 2008 se destinaron 3.676 millones de euros a la lucha contra la pobreza. En 2010, con la crisis llenando la boca del Gobierno de Zapatero, se redujo la partida un 23,2% los presupuestos. Un recorte que afectó a numerosos proyectos e iniciativas de otra cosa que no es más que justicia social. Ni lismosnas, ni migajas.

Pero lo que hace apenas unas horas han anunciado es un obituario. Las ONGD tendrán que luchar contra una brecha social cada vez más abierta con prácticamente el mismo dinero que en 2005: 1.205 millones. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) sólo dispondrá de 379,44 millones de euros, el Fondo para la Promoción del Desarrollo a 410 millones y el Fondo que promueve el acceso al agua potable y al sanemiento en América Latina podrá disponer este año solo de 25 millones de euros. Margallo asegura que el recorte es “temporal”.

Un recorte que apenas a tocado al retiro dorado de muchos políticos serviles: las embajadas. Si la media de recortes es del 38% y la de cooperación ha sido del 65,4% ¿de cuanto han sido la reducción de las demás partidas de Exteriores? Por primera vez en los últimos años, el presupuesto destinado a la acción exterior del Estado superará a la partida de cooperación y sube más de un 50% hasta situarse en 761,31 millones. Y todo con el run run de que la cooperación debería ser centralizada, que no debería depender de autonomías o ayuntamientos, que es imagen exterior del Estado… ¿Es una excusa para cercenar los pocos proyectos que permanecen en pie?

Comunicado de la Coordinadora de ONGD 

El fuego no entiende ni de crisis ni de recortes

Poco puedo añadir que no se hayan dicho en estas 30 horas que va de incendio en las Fragas do Eume. Es (o era) el mayor tesoro natural de la provincia de A Coruña, lo primero que enseñaba a mis familiares y amigos que me venían a visitar y el lugar al que siempre volver con cualquier excusa: un picnic, una caminata hasta el monasterio de Caveiro, un paseo olfativo para mi perra, recoger castañas en otoño… Ya no será así. Aunque las cifras hablan de 750 Ha. o de 2.000 (depende de si es la Xunta o los alcaldes de municipios afectados), en lo que sí coinciden todos es en que el fuego ha afectado al corazón del Parque Natural.

Un espacio protegido entre comillas, no solo por los recortes de personal, la permisibilidad con el acceso a vehículos no autorizados, la autopista que atraviesa su parte más al occidental, etc. También por la sombra de los que no aman los recursos naturales, sino que sólo los ven como material con el que lucrarse. Desde hace justo dos años, abril de 2010, una mina de andalucita ha puesto en alerta a los conservacionistas y a los vecinos del lugar. Una licitación a sólo 50 metros del límite del parque dónde la Xunta no vio problema alguno. Ahora, con el fuego todavía por controlar y focos nuevos que aparecen cada vez mas lejos, es temprano para acusar a incendiarios pero sí que es posible señalar la mala gestión del fuego. Aunque la Xunta ya se ha esforzado por excusarse y levantar sospechas, en la mente de todo está esto: recorte en materia preventiva, en operarios, brigadistas, en vehículos y en información.

Durante todo el día de ayer la Xunta no se refirió ni en uno solo de sus comunicados respecto al fuego al parque por su nombre y apellido. ¿Por qué evitó hablar de las Fragas do Eume? Emitió un informe con los medio que luchaban contra el fuego en Avión (Ourense) y en A Coruña, dejando en evidencia que el primer incendio -de 76 Ha.- disponía de prácticamente del doble de operarios que el segundo, descontrolado y que ya llevaba 200 ha. ardidas. ¿Descoordinación con el personal? ¿Alguien reaccionó tarde?

Además de desolación, la población se está volcando. Brigadistas en paro acudieron ayer y hoy de forma masiva a la zona para colaborar de forma desinteresada en las labores de extinción. Ya se ha creado, desde Pontedeume, la Plataforma en Defensa de las Fragas do Eume. Y cientos de personas se manifestarán presumiblemente mañana lunes en una decena de puntos de Galicia: A Coruña, Vigo, Ourense, Pontevedra, etc. Como decían esta mañana los Bomberos de la Comunidad de Madrid (@BomberosCM), “el fuego no entiende ni de crisis ni de recortes”

Vetar nuestra decisión sobre la reproducción también es violencia

Desde que Gallardón dijo aquello de la “violencia estructural” contra la mujer que quiere ser madre o que quería volver a los supuestos, quien más  quien menos a hecho sus cábalas sobre cómo quedará la Ley Salud Sexual y Reproductiva cuando la reforme. Aunque se ha hablado de varios puntos – cómo el de el derechos de una mujer de 16 años a decidir por ella misma qué pasará en su cuerpo-, el principal cambo será el de cambiar el modelo de los plazos por el de los supuestos. Traducido: la mujer actualmente puede alegar que aborta porque ha decidido que no quiere ser madre en ese momento. Antes y, supuestamente, en los próximos meses tendrá que decir que su salud mental o física peligra con el embarazo no deseado. Si quieres ejercer tu derecho sobre tus órganos reproductivos tendrás que convencer a un desconocido de que te podrías volver loca. Y dependerá del profesional que te toque de que facilite o no este paso tan difícil para cualquier mujer.

Ahora mismo, la persona que decida interrumpir su embarazo de forma voluntaria puede acudir a una clínica autorizada de forma privada o a través del Sistema Nacional de Salud. En el 98% de los casos, el escenario suele el mismo, ya que las mujeres que deciden hacerlo por la vía pública suelen acabar derivadas a centros privados. Sólo el 1,83% de las mujeres que fueron intervenidas por este motivo en 2010 lo hicieron en centros públicos. ¿Esto es porque no hay centros preparados dentro de la red pública? Los mapas del Ministerio de Sanidad dicen que no es así: en Galicia hay tres privados y dos públicos; en Euskadi siete de cada; en Baleares son cinco públicos y tres privados.

Es verdad que hay diferencia entre comunidades, pero la media de intervenciones coincide en casi todas. Según el Dr. Segurelles, de la clínica coruñesa Arcos, esto es porque “a la administración le sale más rentable” delegar en centros privados y devolver después el coste de la intervención. Una opinión que no comparten desde el BNG, que pese a apoyar en la mayoría de los puntos a la actual normativa, ve en esta práctica un “problema” de la ley de 2010. En palabras de Ana Pontón, portavoz del grupo nacionalista en el Parlamento gallego y en la Comisión de Igualdad,  “nos se fixo nada para preparar a profesionais no sistema público para atender estes servizos e hai intereses económicos coas clínicas”.

Aunque ningún medio hable de esto, uno de los puntos que puede cambiar de la mano de Gallardón puede ser a subvención de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que pondría en jaque la igualdad ante este derecho de todas. ¿Estaríamos abriendo la puerta a que solo las personas que se lo puedan permitir acudan a médicos autorizados a abortar? ¿Se recurrirá a las intervenciones por la puerta de atrás? ¿Volverán los abortos clandestinos? Estas preguntas y otras se plantean en el reportaje que realicé esta semana para Praza Pública.

Con la cadena perpetua perdemos todos

Leía esta mañana con los ojos como platos que tres de cada cuatro españoles se planteaba que era buena idea instaurar la cadena perpetua y uno de cada cinco, la pena de muerte. Mi estupefacción no se deshizo pese a comprobar que las conclusiones se extraían de un estudio que sólo constaba de 1003 entrevistas telefónicas, que se desconoce el contexto en el que se hicieron las preguntas y si la existencia de casos que han desatado la alarma social -como la desaparición de dos niños en Córdoba- condicionana dicho estudio.

El estudio diferencia entre rangos de edad, nivel de estudios, adquisitivos, si son votantes del PP o del PSOE -parece que no dieron con ninguno de los más de seis millones de ciudadanos que votaron a otros partidos en noviembre- y el género. Así dice que las mujeres apoyan menos que los hombres la pena de muerte, pero casi por igual la cadena perpétua; Que los individuos entre 45 y 64 años son los que mayoritariamente apoyan erradicar el máximo de cárcel actual; o que los socialistas son más reacios a ambas propuestas que los populares.

Paralelamente a esto, las campañas de organismos como Amnistía Internacional en pro de los Derechos Humanos cada vez tienen más seguidores y activistas en España. La ejecución de menores, de discapacitados, la lapidación femenina, la falta de juicios a los condenados o la terrible espera en el corredor de la muerte son temas rechazados por completo por los españoles. Entonces, ¿a qué se debe este revés? Hay que recordar que las últimas ejecuciones se dieron en el final del franquismo, en 1975, que se derogó oficialmente en 1995, pero que actualmente la pena capital sigue estando nombrada en el artículo 15 de la Constitución.

Esta falta de poso cívico se une al distorsionado papel de las cárceles. El 60% de los encuentados piensa que el encierro debería “castigar” y sólo el 32% para “reinsertar”. Los centros penitenciarios españoles no cumplen con el papel de reinserción que debería. Las Unidades Terapéuticas y Educativas -dónde los internos aprenden a convivir, a ser responsables y a tomar decisiones- son una excepción en las prisiones y sus resultados les garantizan como el camino a seguir. En el C.P de Vilabona, en Asturias, el porcentaje de reincidencia de sus internos apenas llegó al 26% cuando la media en España es del 50%. Este es sólo un ejemplo y una realidad que desconocen las mil personas que respondieron a la encuesta de la empresa  Simple Lógica.

Y tú que prefieres ¿qué haya personas agradecidas a la sociedad por la segunda oportunidad que le dimos todos o miles encerrados de por vida?

El medio ambiente y los Objetivos del Milenio

Hace escasas horas, representantes de 130 países se reunían para firmar una nueva declaración de buenas intenciones que se quedaban en eso: intenciones. La diferencia con otras conferencias o reuniones multilterales es que, pese a los intentos, se ha oído las voces discordantes. En concreto, la de Bolivia. Casualmente, cuando el ministro boliviano de Medio Ambiente y de Agua, Felipe Quipse, tomó la palabra para criticar la declaración acordada, la traducción simultánea dejó de oírse.

Los hispanohablantes fueron los únicos que pudieron oír como Quipse denunciaba que ese compromiso de facilitar a la población el acceso al agua potable “por todos los medios apropiados” escondía una intención de abrir la puerta a la privatización de este recurso vital. “Bolivia no va a acompañar esta declaración porque no está de acuerdo con el contenido y como país tampoco hemos sido oídos en las observaciones que hemos realizado”, concluía el ministro boliviano.

Estos hechos me han hecho recordar los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio que la ONU fijó para 2015.  Es fácil imaginar la relación entre tener agua y erradicar la pobreza extrema, mejorar la sanidad de las comunidades deprimidas y la generación de riqueza. Pero muchos consideran un punto menor en el que se encuentra el propósito de acceder al agua potable: séptimo objetivo, garantizar el sustento del Medio Ambiente. Es fácil dejarse llevar por la urgencia del hambre y la enfermedad, pero sin educación, igualdad y crecimiento sostenibles estaríamos en un círculo vicioso de miseria eterno.

Por eso es vital que en el próximo encuentro de RÍO+20 y en otros encuentros supranacionales se tenga en cuenta informes como el de la propia ONU en el que se alerta de que dejar de lado los efectos del cambio climático y el crecimiento industrial insostenible retrasará la consecución del resto de objetivos. La pobreza volverá a ser extrema ante la vulnerabilidad de la población en los desatres naturales, la falta de justicia social ante las catástrofes medioambientales como la de Shell en África y el saqueo sin disimulo de las multinacionales por encima de los Derechos Humanos y las minorías.