Vetar nuestra decisión sobre la reproducción también es violencia

Desde que Gallardón dijo aquello de la “violencia estructural” contra la mujer que quiere ser madre o que quería volver a los supuestos, quien más  quien menos a hecho sus cábalas sobre cómo quedará la Ley Salud Sexual y Reproductiva cuando la reforme. Aunque se ha hablado de varios puntos – cómo el de el derechos de una mujer de 16 años a decidir por ella misma qué pasará en su cuerpo-, el principal cambo será el de cambiar el modelo de los plazos por el de los supuestos. Traducido: la mujer actualmente puede alegar que aborta porque ha decidido que no quiere ser madre en ese momento. Antes y, supuestamente, en los próximos meses tendrá que decir que su salud mental o física peligra con el embarazo no deseado. Si quieres ejercer tu derecho sobre tus órganos reproductivos tendrás que convencer a un desconocido de que te podrías volver loca. Y dependerá del profesional que te toque de que facilite o no este paso tan difícil para cualquier mujer.

Ahora mismo, la persona que decida interrumpir su embarazo de forma voluntaria puede acudir a una clínica autorizada de forma privada o a través del Sistema Nacional de Salud. En el 98% de los casos, el escenario suele el mismo, ya que las mujeres que deciden hacerlo por la vía pública suelen acabar derivadas a centros privados. Sólo el 1,83% de las mujeres que fueron intervenidas por este motivo en 2010 lo hicieron en centros públicos. ¿Esto es porque no hay centros preparados dentro de la red pública? Los mapas del Ministerio de Sanidad dicen que no es así: en Galicia hay tres privados y dos públicos; en Euskadi siete de cada; en Baleares son cinco públicos y tres privados.

Es verdad que hay diferencia entre comunidades, pero la media de intervenciones coincide en casi todas. Según el Dr. Segurelles, de la clínica coruñesa Arcos, esto es porque “a la administración le sale más rentable” delegar en centros privados y devolver después el coste de la intervención. Una opinión que no comparten desde el BNG, que pese a apoyar en la mayoría de los puntos a la actual normativa, ve en esta práctica un “problema” de la ley de 2010. En palabras de Ana Pontón, portavoz del grupo nacionalista en el Parlamento gallego y en la Comisión de Igualdad,  “nos se fixo nada para preparar a profesionais no sistema público para atender estes servizos e hai intereses económicos coas clínicas”.

Aunque ningún medio hable de esto, uno de los puntos que puede cambiar de la mano de Gallardón puede ser a subvención de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que pondría en jaque la igualdad ante este derecho de todas. ¿Estaríamos abriendo la puerta a que solo las personas que se lo puedan permitir acudan a médicos autorizados a abortar? ¿Se recurrirá a las intervenciones por la puerta de atrás? ¿Volverán los abortos clandestinos? Estas preguntas y otras se plantean en el reportaje que realicé esta semana para Praza Pública.

Con la cadena perpetua perdemos todos

Leía esta mañana con los ojos como platos que tres de cada cuatro españoles se planteaba que era buena idea instaurar la cadena perpetua y uno de cada cinco, la pena de muerte. Mi estupefacción no se deshizo pese a comprobar que las conclusiones se extraían de un estudio que sólo constaba de 1003 entrevistas telefónicas, que se desconoce el contexto en el que se hicieron las preguntas y si la existencia de casos que han desatado la alarma social -como la desaparición de dos niños en Córdoba- condicionana dicho estudio.

El estudio diferencia entre rangos de edad, nivel de estudios, adquisitivos, si son votantes del PP o del PSOE -parece que no dieron con ninguno de los más de seis millones de ciudadanos que votaron a otros partidos en noviembre- y el género. Así dice que las mujeres apoyan menos que los hombres la pena de muerte, pero casi por igual la cadena perpétua; Que los individuos entre 45 y 64 años son los que mayoritariamente apoyan erradicar el máximo de cárcel actual; o que los socialistas son más reacios a ambas propuestas que los populares.

Paralelamente a esto, las campañas de organismos como Amnistía Internacional en pro de los Derechos Humanos cada vez tienen más seguidores y activistas en España. La ejecución de menores, de discapacitados, la lapidación femenina, la falta de juicios a los condenados o la terrible espera en el corredor de la muerte son temas rechazados por completo por los españoles. Entonces, ¿a qué se debe este revés? Hay que recordar que las últimas ejecuciones se dieron en el final del franquismo, en 1975, que se derogó oficialmente en 1995, pero que actualmente la pena capital sigue estando nombrada en el artículo 15 de la Constitución.

Esta falta de poso cívico se une al distorsionado papel de las cárceles. El 60% de los encuentados piensa que el encierro debería “castigar” y sólo el 32% para “reinsertar”. Los centros penitenciarios españoles no cumplen con el papel de reinserción que debería. Las Unidades Terapéuticas y Educativas -dónde los internos aprenden a convivir, a ser responsables y a tomar decisiones- son una excepción en las prisiones y sus resultados les garantizan como el camino a seguir. En el C.P de Vilabona, en Asturias, el porcentaje de reincidencia de sus internos apenas llegó al 26% cuando la media en España es del 50%. Este es sólo un ejemplo y una realidad que desconocen las mil personas que respondieron a la encuesta de la empresa  Simple Lógica.

Y tú que prefieres ¿qué haya personas agradecidas a la sociedad por la segunda oportunidad que le dimos todos o miles encerrados de por vida?

El medio ambiente y los Objetivos del Milenio

Hace escasas horas, representantes de 130 países se reunían para firmar una nueva declaración de buenas intenciones que se quedaban en eso: intenciones. La diferencia con otras conferencias o reuniones multilterales es que, pese a los intentos, se ha oído las voces discordantes. En concreto, la de Bolivia. Casualmente, cuando el ministro boliviano de Medio Ambiente y de Agua, Felipe Quipse, tomó la palabra para criticar la declaración acordada, la traducción simultánea dejó de oírse.

Los hispanohablantes fueron los únicos que pudieron oír como Quipse denunciaba que ese compromiso de facilitar a la población el acceso al agua potable “por todos los medios apropiados” escondía una intención de abrir la puerta a la privatización de este recurso vital. “Bolivia no va a acompañar esta declaración porque no está de acuerdo con el contenido y como país tampoco hemos sido oídos en las observaciones que hemos realizado”, concluía el ministro boliviano.

Estos hechos me han hecho recordar los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio que la ONU fijó para 2015.  Es fácil imaginar la relación entre tener agua y erradicar la pobreza extrema, mejorar la sanidad de las comunidades deprimidas y la generación de riqueza. Pero muchos consideran un punto menor en el que se encuentra el propósito de acceder al agua potable: séptimo objetivo, garantizar el sustento del Medio Ambiente. Es fácil dejarse llevar por la urgencia del hambre y la enfermedad, pero sin educación, igualdad y crecimiento sostenibles estaríamos en un círculo vicioso de miseria eterno.

Por eso es vital que en el próximo encuentro de RÍO+20 y en otros encuentros supranacionales se tenga en cuenta informes como el de la propia ONU en el que se alerta de que dejar de lado los efectos del cambio climático y el crecimiento industrial insostenible retrasará la consecución del resto de objetivos. La pobreza volverá a ser extrema ante la vulnerabilidad de la población en los desatres naturales, la falta de justicia social ante las catástrofes medioambientales como la de Shell en África y el saqueo sin disimulo de las multinacionales por encima de los Derechos Humanos y las minorías.

Cuando la violación y el maltrato es la norma

Estudiar las cifras de feminicios en Iberoamérica es mucho más que una patada en el estómago. Son cifras de tres y cuatro ceros, imposibles de cuantificar. 80.000 denuncias en el conflicto colombiano, 700 mujeres asesinadas en Honduras en sólo un año, 250.000 ingresos en hospitales brasileños por intentar abortar de forma clandestina. Y esas son sólo las oficiales. Las denuncias de mujeres que se sobreponen a lo vivido, sacan fuerzas de donde no las hay y se enfrentan a la reprobación de su entorno.

En España muchos casos de malos tratos no salen nunca de las sombras de las casa: por miedo a represalias, a que nadie las crea, al eterna promesa del ‘cambiará’, al no entender la situación como un problema, al ‘ha sido culpa mía’. Sin duda, es un reto para todas y todos que estas barreras desaparezcan y que los maltratadores sean repudiados en cualquier contexto de la sociedad. Pero una vez sobrepuesta a esos miedos, la mujer latinoamericana se encuentra con que no hay una legislación que la reconozca como víctima en sí, con que la corrupción de la policía hace inútil su denuncia, con que no tiene una casa de acogida a la que ir con sus escasas pertenencias e hijos, con que el maltratador le ha jurado matarla.

Pero ese no es el mayor problema, aunque cueste creerlo. Porque todas esas fases han pasado después del hecho más necesario: la mujer se ha negado a seguir siendo maltratada y le ha puesto nombre a esa situación. En Bolivia, en Guatemala, en Perú, las asociaciones de mujeres tienen como principal cometido educar en los valores de una relación. Explican a las mujeres que no es normal que les peguen, que las agredan sexualmente, que las controlen, que sus parejas tengan celos, que las insulten. Por que muchas de ellas han visto eso desde pequeñas en casa y en muchas ocasiones han sido víctimas de estos abusos por parte de sus padre, hermanos o tíos. Es educar para la superviviencia, es educar para la igualdad.

Radiografía de la violencia contra las mujeres en Latinoamérica, reportaje para Praza Pública.

Un punto de inflexión en la igualdad

“Hace unos meses, en el Hoy por hoy de la Cadena Ser, pedimos a los oyentes que nos describiesen a mujeres pioneras con motivo del 8 de marzo. (..)De todas las historias que llegaron a la radio, hubo una especialmente conmovedora. Rosa nos confió la de su abuela Eladia, a quien su marido pegaba con frecuencia: ‘Mi abuela nació en 1898, en un pueblo castellano del interior, atrasadillo él. Mi abuelo tuvo, no sé cuantas veces, la feliz idea de pegar a mi abuela; ese día, por no sé qué tontería a la que ella se opuso. Le pegó y le dejó la cara marcada y los ojos morados… y ella, en el año 1920, se sentó en el umbral de la puerta y todo el que pasaba le preguntaba ¿qué te ha pasado?. Ya ves, que me ha pegado Anastasio y mira cómo me ha dejado. Así a cada vecino que pasaba. A mi abuelo, luego, en la calle, en el bar, en todos los sitios, le dijeron de todo menos bonito y le pusieron la cara tan colorada que no pegó nunca más a mi abuela”.

Es un fragmento de la introducción de Agrupémonos todas, un libro escrito por Isaías Lafuente en el que recoge historias de pioneras que hicieron que nuestro presente sea un poco más igualitario. Así nos recuerda por qué celebramos el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer -fecha conmemorativa del asesinato de 129 trabajadoras de Sirtwood Cotton de NY en 1908-, la extraña coincidencia con la Real Orden que permitía a las mujeres acceder sin trabas a la universidad -el mismo día de la tragedia, pero dos años después-, que los hombre tenían miedo a las ‘mujeres con falda’, a las chicas ‘pleiteadoras’ y a todas aquellas que querían ejercer profesiones de hombre.

Acceso a la educación, a la formación, al voto. Batallas que damos por ganadas, pero tenemos una realidad nada positiva. No hay una ley que prohíba a la mujer ser directiva, pero un techo de cristal -por no decir imposición social- se lo impide. No hay una ley que reduzca el salario de la mujer, pero en España seguimos cobrando un 22% menos que un hombre realizando el mismo trabajo. Hay normativas que penalizan el despido de una mujer por estar embarazada, pero hay un sinfín de parches legales que permiten al empresario hacerlo con la connivencia de tribunales y Gobierno.

No, no hemos llegado al Estado igualitario con el que soñaban esas pioneras y estamos  en un punto de inflexión en el que se debate si seguimos adelante o vamos hacia atrás. Esta crisis económica se está llevando por delante cientos de derechos y los de la mujer no están ni mucho menso más protegidos. Por eso, más que nunca este año es hora de salir a la calle el 8 de marzo. Contra la violencia machista, por nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, contra la comercialización de este, para no continuar a la sombra de la Historia y por nuestra independencia social y económica.

Actos en Galicia, en la web de la Marcha Mundial das Mulleres

Actos por el resto de España en Marea Violeta