Justicia por las Residencias: 7.291 mayores murieron en Madrid sin atención médica

Publicado en El Asombrario, de Público.es

Nace la Plataforma Verdad y Justicia por las Residencias, que hace un llamamiento a todos los ciudadanos que quieran que la memoria de los mayores no caiga en el olvido. La generación más castigada, que más ha luchado, que sobrevivió a una guerra, a una dictadura, a la peor de las represiones, no se merecía desaparecer así, sin una oportunidad, sin justicia. Una orden emitida desde la Comunidad de Madrid impidió trasladar al hospital a los mayores en residencias y sin un seguro médico. 7.291 personas en residencias madrileñas –una de cada cinco– murieron en esa primera ola de la ‘covid19’ sin ser derivadas a un hospital, sin atención médica, sin una oportunidad. Isabel Díaz Ayuso ha puesto todos los obstáculos a la investigación de uno de los episodios más crueles cometidos en democracia en España.

La madre de Carmen tuvo suerte. Ella tenía fiebre, se encontraba mal y la doctora de su residencia pidió una ambulancia. Le preguntaron si tenía deterioro cognitivo o si tenía una enfermedad grave. ‘No’ fue la respuesta a ambas. Y ‘sí’ la del traslado al hospital. La madre de Carmen tuvo suerte. Si la persona al otro lado del teléfono no se hubiera olvidado de preguntar si estaba en silla de ruedas, seguramente su traslado hubiera sido rechazado. Sin ese traslado no hubiera podido hacer una simple radiografía, prueba básica para saber los daños por covid y básica para saber qué tratamiento tenía que recibir.

Suerte también tuvo la madre de Angelines. Ella tenía asma y, como sus medicamentos no estaban surtiendo efecto ante lo que parecía una gripe, llamaron al hospital. Su gerontólogo de referencia dijo a su residencia que quería ver sus pulmones. Así que mandaba una ambulancia a recogerla. En ese momento, ni el médico del hospital, ni de la ambulancia, ni Angelines ni su madre sospechaban que solo unas horas después de esta conversación llegaría un documento que diría que personas como la madre de Angelines no podían ir a un hospital. Un triaje por código postal, por lugar de residencia, por características médicas secundarias y por seguro. Pero la madre de Angelines tuvo suerte.

También tuvo suerte mi abuela, Paulina. Ella llevaba una semana en su habitación con las piernas levantadas cuando el covid estalló en su residencia. Aunque ella dio positivo, las enfermeras están seguras de que su aislamiento previo le evitó que la carga viral subiera y que tuviera síntomas. Cruzando los dedos, esperamos todos para no enfrentarnos a la situación de que tuviera que acudir a un hospital y la rechazaran solo por vivir en una residencia. ¿Nos la traemos a casa? ¿La llevamos nosotros mismos? Todas esas preguntas y más las tuvimos nosotros, su familia, y cientos de familias de la misma residencia.

Al menos 7.291 personas no tuvieron tanta suerte. Miles de mayores murieron en la comunidad de Madrid sin ser derivados a hospitales. Con o sin covid, con una enfermedad menor que se complicó o con una situación previa difícil. Murieron acompañadas por las trabajadoras de los centros o solas en sus habitaciones cerradas con llave. Ese destino lo vivieron solo por estar en residencias de ancianos. Y por la cartera, porque solo fueron derivados a los hospitales puestos a disposición por el mando único sanitario aquellos mayores con seguros privados. O por ir en sillas de ruedas. Características que nada tienen que ver con un triaje médico, una especie de código para saber a quién atender cuando no se puede atender a todos igual por escasez de manos o de respiradores, como sucedió.

Estas escenas son algunas que se han ido conociendo bien en organizaciones ciudadanas como Marea de Residencias o por la Comisión de Investigación que se puso en marcha en la Asamblea de Madrid. Allí declararon directores de residencias, que confirmaron que los hospitales rechazaban a sus residentes; empresarios de hospitales que admitían que no ingresaron a ningún mayor que lo necesitara sin seguro médico; conductores de ambulancia que reconocieron que un protocolo les impedía atender las residencias; y a las trabajadoras, que no solo no contaban con la ayuda médica necesaria, sino que tuvieron que lidiar con el propio peligro de contagiarse ellas, sin equipos de seguridad y, muchas veces, sin material de limpieza y desinfección. Una tormenta perfecta en la que murieron uno de cada cinco residentes de los centros geriátricos de la Comunidad de Madrid.

Un horror difícil de imaginar, pero menos imaginable es aún que dos años después de esta catástrofe siga sin investigarse. La vía política se cerró prematuramente por decisión de la presidenta madrileña Díaz Ayuso, que convocó elecciones anticipadas y que ha bloqueado con el apoyo del partido de extrema derecha VOX la reapertura de la Comisión de Investigación. La vía judicial no pinta mejor: de las casi 400 querellas que los familiares interpusieron, muchas fueron archivadas por no saber cómo investigarlas, otras están recurridas en el Constitucional y sólo unas pocas afirman que irán a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los trabajadores tampoco han sentido la protección de la Justicia y el Constitucional considera que sus derechos no respetados a trabajar con seguridad no les compete.

¿Qué queda entonces? nos preguntamos. Queda lucha por una Comisión de la Verdad propia, por seguir haciendo ruido y, lo más importante, que no vuelva a pasar. Con este objetivo se ha creado la Plataforma Verdad y Justicia por las residencias que hace un llamamiento a todos los ciudadanos que quieran que la memoria de los mayores no caiga en el olvido. “Ellos”, dice Mercedes, hija de uno de los fallecidos en la primera ola del covid, “la generación más castigada, que más ha luchado, que sobrevivió a una guerra, a una dictadura, a la peor de las represiones, no se merecían desaparecer así, sin una oportunidad, sin justicia”.