Publicado en Publicoscopia
Un día recibes un premio del Gobierno por tu lucha y a los tres meses te quieren meter en la cárcel por la misma acción. Así se podría resumir la historia de María Salmerón, la mujer víctimas de la violencia machista que hoy, al fin, recibió un nuevo indulto para no tener que ingresar en la cárcel. Digo de nuevo porque en 2012 le indultaron de una condena similar. Esta consistía en no hacer caso a un dictamen judicial. Así de rotundo, pero más rotundo el dictamen judicial: obligaba a María a dejar a su hija en manos de su maltratador. Un hombre condenado por agredir y despreciar a su madre, que la hija de María no quiere ni ver.
Es reincidente. ¿Quién no lo sería? Si hoy no quieremos que una menor esté al cargo de un hombre condenado en firme por violencia machista, ¿qué puede hacer pensar que mañana no nos importará que esté con él? Eso es lo que opina María -y su hija-, que si en su momento fue condenada por no acatar las visitas paternas, de nuevo a vuelto a serlo por lo mismo. Y aunque no entre en la cárcel, ya paga el respetar la voluntad de su hija de 15 años. María, auxiliar de enfermería, tiene una parte de su nómina embargada para hacer frente a las multas.
Una desobediencia civil que en este caso parece extrema. Defender a su hija de quién un día la gritó, la golpeó, la machacó. Quién fue condenado a 23 meses de cárcel por ello y quién no ni ha ingresado en prisión ni ha hecho trabajo para la comunidad -como ahora le toca a María tras concederle un indulto parcial-. Ella, que a ojos de muchos y de muchas no ha cometido ningún delito. Ha desobedecido las órdenes cojas y ciegas de una Justicia injusta. Unos tribunales que no miran más allá de los libros y que, en este caso, está por ver si ni siquiera han mirado los libros.
La Ley Integral contra la Violencia de Género aprobada en 2004 por el PSOE sienta las bases para considerar que un maltratador no puede ser un buen padre. Ha costado años que se reconozca a los menores agredidos o directamente asesinados por sus progenitores como venganza a sus parejas y madres de los niños como víctimas de la violencia machista. Ha costado que se revisen los protocolos de visitas y custodias de los menores a cargo de padres maltratadores, con condenas en firme. Y aún así, parece que el Estado sigue siendo el peor enemigo de las víctimas de la violencia de género, adultos y menores.
Ha costado tanto que ha costado hasta vidas. Ni más ni menos que la de Andrea, por ejemplo. A su madre un juez le obligó a dejarla una mañana a manos de su padre. Nunca más la volvió a ver con vida. Él, condenado por los malostratos que asestó a Ángela durante años, mató a la hija de ambos. Seguro que María Salmerón no puede quitarse de la cabeza el caso de Angela, ya que de poco sirvió que la ONU condena a España por no velar por los intereses y la seguridad de la pequeña Andrea. Y como cualquiera de nosotros y nosotras supongo que pensó que mejor en la cárcel que en el entierro de su hija.
Una realidad (in)visible 