Publicado en Publicoscopia
Que nadie se lleve a engaño. La nueva estrategia del PP cuando lanza el mensaje de que el aborto “no es un derecho” no es ninguna novedad. Ya lo pretendían durante los más de dos años que duró el periodo entre los ‘globos sonda’ enviados y la presentación de la propuesta de modificación de Ley presentada por Gallardón.
Se trata de atacar por varios frentes la Ley de Plazos aprobada en 2010: por un lado el consentimiento de las menores- que esta semana se debatirá-, los motivos que tiene o no que argumentar la mujer, la salud mental de la madre, la situación por la cual se quedó en estado la mujer, el estado del feto, etc. Y en todos estos frentes la financiación pública de la intervención como caballo de batalla transversal.
Porque esta cantinela que llevan repitiendo más de una semana los barones destacables del PP sobre si el aborto no es un derecho de la mujer, no hace más que dar un rodeo para llegar al mismo punto. Si esta práctica médica no es un derecho de la mujer, no tiene por qué estar cubierta por la Seguridad Social. Si no está cubierta por la sanidad pública, serán sólo las clínicas privadas quienes practiquen aborto. Y sólo quienes puedan afrontar la factura médica, de estancia y de las recetas podrá abortar. Abortar con garantías sanitarias y protegiendo su salud, porque abortando se seguirá abortando.
Ya en 2012 los médicos advertían del riesgo que supone dificultar a las mujeres la asistencia sanitaria en una interrupción voluntaria del embarazo. “Quien tenga recursos podrá ir a un centro privado y quien no, se buscará la vida para hacerlo igualmente”, me comentaba hace poco más de tres años el doctor Segrelles, de la clínica Arce. En esa conversación volvieron a aparecer los fantasmas de una época que debería estar más que olvidada: los abortos clandestinos.
Como ocurría en otros tiempos, la hipocresía será la reina del baile. Mientras hijas y nietas acudían a Londres, ellos se llenaban la boca hablando del tutelaje de las mujeres. Como en otros tiempos el dinero mandará sobe el destino de la mujer, algo que no modificará la tasa de natalidad pero sí el estado de la salud reproductiva. El derecho no será un aborto, pero decidir sobre la maternidad sí que lo es. La mujer debe decidir si quiere ser madre o no, en ese momento o en otro, o nunca. Y para ello tanto los medicamentos preventivos como la intervención médica son las herramientas que velan porque ese derecho se cumpla. El Estado no sólo debe velar por la no vulneración de los mismos, si no que debe facilitar el ejercicio de los derechos.
Una realidad (in)visible 