Además trataba el tema de las reformas futuras y los coladeros actuales que permitían a jueces y juezas misóginos pasarse por la toga las recomedaciones de los expertos en violencia de género y ceder visitas y tutelas a padres maltratadores. Condenados, imputados e incluso en la cárcel por asesinatos machistas. Sobre este asunto ha habido novedades, ya que la propuesta del Gobierno a la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia incluiría a los menores expuestos a la violencia machista como víctimas de esta lacra. Un intento de seguir juntando las piezas del puzle que completa el sistema patriarcal y sus efectos. ¿Pero de qué sirve que los menores sean considerados víctimas de la violencia machista si el Estado no hará nada para protegerles?
Este es el caso de Ángela y su hija Andrea. Un caso modelo del que ya he hablado en alguna otra ocasión y que se ha convertido en el paradigma de los menores víctimas en España. Hasta la ONU llegó el caso, que en un hecho extraordinario sin precedentes condenó al Estado español como responsable del asesinato de Andrea. Su madre, Ángela, fue maltratada, golpeada y humillada durante años por su pareja. Mostró a jueces, fiscales, trabajadores sociales y un ejército más de funcionarios las condenas contra él, las denuncias, los escritos que reconocían el ansia de vengarse de Ángela, las recomendaciones de mantener fuera de su alcance a la hija de ambos… Todos en balde. Los derechos del maltratador prevalecieron sobre los de la menor y acabó en el asesinato de Andrea, de siete años, en una visita.
Ahora, pocos días después de anunciar a bombo y platillo que reconocerán a los menores como víctimas de la violencia de género, seguimos sin tener respuesta del Estado al dictamen de la ONU en el caso de Ángela. Ni asume su responsabilidad, ni pedirá perdón y, lo que es más grave a mi juicio, no anuncia ninguna acción para evitar que exista otra víctima igual. Como explicó la propia Ángela, fueron muchos los errores de la administración, humanos y del sistema lo que permitió que su hija fuera asesinada. Desde ignorar escritos de profesionales (psicólogos, trabajadores sociales y demás) que alertaban del alto riesgo de que la menor se convirtiera en el blanco de la ira del padre al no poder seguir torturando a su pareja, hasta los informes que señalaban el maltrato psicológico al que podía ser sometida Andrea en el supuesto de permitir visitas con o sin vigilancias de su padre. Todo ello recogido en el informe que fue presentado a la ONU por Women’s Link.
Ellas demostraron que los estereotipos de género, los prejuicios sobre las víctimas de malostratos y la visión machista que abunda en los tribunales auparon al asesino a completar su venganza. No pudo matar a Ángela, pero la quitó lo que más quería. No pudo asesinarla con sus manos, pero le han dejado secarla por dentro. ¿Esa misma Justicia que permitió que asesinaran a Andrea y el mismo Estado que se niega a reconocer su responsabilidad en el crimen lo que ahora deben asumir la protección de los hijos de maltratadores?
Una realidad (in)visible 