Publicado en Pubicoscopia
No me cansaré de decirlo: una de las peores violencias que se puede ejercer contra todas es la institucional. Y parece que el PP no quiere dejarme en evidencia y se esfuerza en demostrarlo semana tras semana. Hace apenas unos días, modificaban el anteproyecto de la ley de corresponsabilidad parental para introducir una excepcionalidad con la que posibilitan a los maltratadores a llegar a tener la custodia de los hijos. Una puerta cerrada en teoría en 2010, cuando una modificación en el Código Penal apoyaba la Ley integral sobre violencia contra la mujer para impedir que este caso se diera. Con dramáticos finales como el caso de los niños de Huelva y José Bretón en la memoria o el caso de Andrea que fue asesinada por su padre aprovechando una visita no tutelada, todos los sectores de la sociedad que se preocupan por el bienestar de los menores aplaudieron la medida.
Aunque en la realidad algunos de los jueces ‘insumisos’ de la ley integral se habían empeñado en usar estratagemas para acabar facilitando el acceso a los menores por parte de hombres imputados o condenados en firme por maltratar a la madre de los niños, la ley seguía apoyando a quienes denunciaban esta irregularidad a todas luces. Hasta ahora. El Partido Popular, que depende de cómo sople el viento, apoya o no las decisiones judiciales, ha iniciado un proceso para que estas estratagemas tengan apoyo normativo. Las contradenuncias de los maltratadores – que ponen al mismo nivel una brutal paliza de heridas defensivas que la víctima pueda generar a su agresor- y la presión de grupos de padres que piden la custodia compartida impuesta, ha hecho que se declinen por apoyar a estos y no a menores ni a sus madres maltratadas.
Y hoy dan un pasito más. Anuncian la modificación de la ley del aborto para incluir una de las condiciones del supuestamente retirado Alberto Ruiz Gallardón: que las menores que decidan abortar sólo puedan hacerlo con el beneplácito de sus padres. Independientemente de la situación familiar que pueda tener la joven en casa. Esto no es importante para ellos. Ni si quiera es importante las cifras: Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para practicar Interrupciones del Embarazo (ACAI), únicamente el 0’44% de las mujeres que se sometieron a un aborto tenían entre 16 y 17 años y no informaron a sus padres. Esta misma asociación acredita que la modificación de la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo dejaría a 400 menores en riesgo de abortos clandestinos.
El partido socialista da un paso más y presenta una situación más que probable: que la menor se tenga que enfrentar a pedir permiso a su padre en una situación de violencia intrafamiliar. Actualmente la ley, permite a una joven que está sometida a malos tratos, coacción, desamparo o desarraigo decidir sobre su maternidad y su cuerpo sin consentimiento paterno. El PP quiere acabar con esta excepción. “Tan vergonzosa es la reforma que ningún ministro se ha querido hacer cargo de ella, y ha tenido que ser el grupo parlamentario popular quien la traiga al Congreso”, explica Carmen Montón, portavoz socialista de Igualdad, en una nota de prensa. “Es una reforma cobarde. El Partido Popular la presenta por la puerta de atrás para eludir los informes preceptivos del Consejo de Estado y del CGPJ”.
Tutelaje y paternalismo, no sólo de la menores de edad, si no de todas las mujeres. Leyes que regulan nuestros cuerpos, nuestros aparatos reproductivos, nuestra vida al fin y al cabo. Todavía recordamos que en el comité de ‘expertos’ que convocó el afortunadamente ex ministro de Justicia estaba compuesto únicamente por personas que nunca podrán estar en situación de abortar o traer a un niño al mundo. Ninguno conocía la experiencia del embarazo no deseado y ninguno podrá sentir en sus carnes un parto. Pero querían decidir por todas nosotras. Si esto no es violencia machista por parte de las instituciones, explíquenme qué es.
Una realidad (in)visible 