El caso de #Las17 solo deja en evidencia que la negativa al aborto en El Salvador sólo genera vulnerabilidad de las mujeres y su criminalización
Publicado en Publicoscopia
Guadalupe ha tenido esta semana toda la atención que en su vida ha tenido. Y puede que la suerte que no ha tenido nunca. Porque ha sido el azar lo que ha hecho que ella esté en la cárcel desde hace siete años acusada de homicidio. Cuando tenía 18 años se quedó en estado. No fue un embarazo al uso, ya que ni se desarrolló de forma normal ni la propia Guadalupe lo supo hasta que una noche, tras fuerte dolores y hemorragias, dio a luz a un feto sin vida. Esto ya de por si es una situación terrible para cualquier mujer, pero en el caso de Guadalupe no hacía más que empezar su infierno.
La joven trabajaba en ese momento en el servicio doméstico, por 80 euros al mes y dormía en un cuartucho sin electricidad. Por miedo, Guadalupe no pidió ayuda a nadie. No fue hasta la mañana siguiente cuando su patrona la descubrió con una importante hemorragia y la llevó al hospital. Los médicos la atendieron y le diagnosticaron un aborto. El problema viene cuando en El Salvador está completamente prohibido el aborto, incluso cuando la vida de la madre corre peligro –como en el caso de Beatriz-, y fue denunciada a la Policía. No solamente estaba en una situación personal muy delicada, si no que se enfrentaba a una acusación de homicidio agravado por parentesco. 30 años de cárcel.
La mala suerte de Guadalupe continúa. Tanto en su caso como el de las demás 16 mujeres que se enfrentan ahora mismo a acusaciones iguales, la inocencia de Guadalupe no ha prevalecido. No sólo los médicos no tuvieron que presentar pruebas de que el aborto no había sido espontáneo o de que el feto ya se encontraba sin vida, si no que la policía da por hecho que se ha cometido un crimen y encarcelan de forma automática a las mujeres. En la mayoría de los casos son arrestadas después de las denuncias de los médicos, lo que hace que muchas mujeres en situaciones similares eviten –poniendo aún más en riesgo su vida- acudir a hospitales y centros de salud oficiales.
Más mala suerte: Guadalupe y las demás son pobres. Esto significa mucho. Por un lado su acceso a la sanidad. Mientras la tasa de médicos por cada 100.000 habitantes en España es de 3,3, en El Salvador se sitúa en 1,2. Una tasa que empeora en las poblaciones rurales, que tienen que costearse el transporte hasta núcleos de población más grandes. Por este motivo no resulta sorprendente que en 2008 sólo el 67% de los partos se atendieran en hospitales y que sólo la mitad de los embarazos tuviera supervisión médica. Se calcula que en El Salvador más de un 20% de la población no tiene acceso a servicios médicos o estos son muy deficientes.
También tenemos la criminalización de la pobreza. En los autos de acusación, se incide en los estilo de vida de las mujeres (si fumaban o tomaban ‘dos cervezas’ al día) pero brillan por su ausencia cualquier documento médico que explique la muerte de los fetos. ¿Se puede acusar de homicidio a alguien cuando la víctima ya estaba muerta? En este punto cabe destacar que la Constitución de El Salvador insta al Estado a salvaguardar la vida de toda persona “desde el momento de su concepción”. Esto unido a las presiones de grupos ultra religiosos, justifica que ni siquiera el aborto terapéutico sea legal. Unas leyes y un sistema legal muy costoso, hacen que las víctimas tengan rostro de mujer.
Como explica uno de los abogados de ‘Las 17’, Dennis Muñoz, en las sentencias abundan de estereotipos sexistas en los que acusan a las mujeres de “no haber actuado conforme al instinto materno” o cómo la buena conducta de cara al indulto pasa por asumir roles de género “correctos” o acudir a actividades religiosas con frecuencia. Ninguno de los jueces que las juzgan hablan de su imposibilidad de acceder a servicios médicos, de las condiciones de vida que tenían o de si tenían suficiente información sobre reproducción y sexualidad.
Guadalupe tuvo suerte. Pero Cintia no. A ella le negaron el indulto hace una semana. La presión del partido conservador ARENA está detrás de este resultado. Para que se produzca el indulto, hace falta que el poder legislativo, ejecutivo y judicial emitan un informe favorable al respecto. En el caso de Cintia esto no ocurrió en el documento de la Corte Suprema, donde los conservadores tienen más peso ante otras formaciones progresistas como el FMLN –que gobierna desde 2009- o GANA –una escisión de ARENA-. Según Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la Corte Suprema ya podría tener elaborado otros seis informes desfavorables para otras de ‘Las 17’, aunque el indulto a Guadalupe podría cambiar la suerte de estas mujeres.
Unas mujeres con muy mala suerte: tuvieron partos complicados, con muerte fetal, siendo pobres, sin acceso a la sanidad, sin que su vida esté por encima de la ley, sin que su voluntad sobre su propio cuerpo importe tanto como la religión de algunos, con la mala suerte de ser mujeres. Porque más allá de los casos dramáticos de salud pública de ‘Las 17’, son muchas las asociaciones de dentro y fuera de El Salvador que exigen a su Gobierno que reconozcan la mayoría de edad de las mujeres para decidir si quieren ser madres o no.