No creo que haya otra ocasión para defender a un alcalde, a un político, que tras la destitución de Gustavo Petro. Para quién no lo conozca a este lado del charco, se trata de un ex guerrillero, que fue candidato a la presidencia de Colombia y que finalmente gestionaba la alcaldía mayor de Bogotá desde 2011. Hasta hoy mismo. Su fin no se debe a una renuncia voluntaria ni a la voluntad del pueblo. Petro ha sido destituido e inhabilitado para cualquier cargo público durante 15 años.
Desde el procurador -el homólogo del fiscal en España- le acusan de promover el monopolio en la gestión de las basuras. A estas alturas y con el historial político que tenemos aquí, estaríamos pensando que lo que Petro ha hecho es darle la concesión de este servicio a un primo. Pero no, no en todo el mundo son iguales. Lo que ha hecho el alcalde de la capital es hacer prevalecer el interés general y de los más desfavorecidos – los conocidos como recicladores– por encima de los intereses empresariales privados. Y unos intereses muy concretos, entre otros el de los hijos de Álvaro Uribe.
Esa es la idea. Modificar las normas para favorecer al pueblo, mal. Que la gestión en la alcaldía de Petro haya sido extraordinaria en estos dos años, poco importa. Reducción de la pobreza, fomento del empleo -«la ciudad que más puestos con seguridad social y garantías laborales generó en el último año», según el secretario de Hacienda-, ayuda a las víctimas de la violencia -tanto del conflicto armado, como del machismo o la homofobia. Y podríamos hablar de los servicios sociales incluidos en su Plan de Desarrollo, el impulso al transporte público en el SITP y el excepcional nivel de periodismo que se hace en Canal Capital y que tuve la suerte de apreciar en persona. Además de personalidades como Hollman Morris, se trata de una televisión que lucha por la integración de las minorías y por dar voz a quiénes no lo tienen.
Y el mejor alcalde de América Latina con los animales. Hace un año declaró Bogotá libre de tauromaquia -pasándose a llamar la plaza de toros de La SantaMaría, la ‘plaza de todos‘-; puso en marcha un ambicioso proyecto para acabar con la tracción a sangre -sustituyendo a los caballos o burros por vehículos de motor- y ha fomentado los refugios de animales domésticos a la vez que impulsaba los circos libres de explotación animal.
No sólo sus logros en la gestión municipal hacen que la destitución de Petro clame al cielo, sino todo lo que hay detrás de la decisión jurídica (o política). Para empezar, la persona que anuncia el futuro de Petro: el procurador general Alejandro Ordoñez. Se trata de un jurista conservador que nunca ha estado libre de la polémica: además de denuncias por misoginia y homofobia, sospechas de irregularidades en su elección le llevó a juicio el mes pasado. Y las criticas continúan, de hecho en estos momento incluso delante de su despacho. Y es que no sólo los progresistas o compañeros de Petro reclaman lo que se considera un asalto a la democracia, ya que hasta el Gobierno de Manuel Santos cuestiona la decisión del procurador.
Sólo queda por ver que las demostraciones de indignación en la calle que ahora mismo se llevan a cabo sean pacíficas, que se respete la decisión del pueblo de elegir a sus representantes y que #PorLaDemocracia sea mucho más que un hashtag y se convierta en una realidad.
Una realidad (in)visible 
Una aclaración Laura, La figura del Procurador en Colombia es la de ser el representante de los ciudadanos ante el Estado. Además es el garante y vigilante de las actuaciones de los Servidores Públicos, es quién investiga y sanciona disciplinariamente a estos. La Procuraduría es el máximo organismo del Ministerio Público, del que también hace parte la Defensoría del Pueblo, la Personería. Sus sanciones son únicamente disciplinarias, independientemente de que de dichas sanciones se desprendan delitos.
Gracias Waldir por el matiz. Es difícil a veces simplificar las correspondencias de cargos entre países.Un saludo!