Las tasas en Justicia, doble o nada

¿Cómo se puede garantizar que se cumple justicia cuando puede llegar a costar más recurrir una multa que pagarla sin rechistar? Es una pregunta retórica, lo sé. Nadie en su sano juicio entendería que apelar tenga un coste de 500 euros, una apelación 800 o un recurso de casación en el Supremo 1.200. Incluso en lo Social, dónde nunca antes hubo que pagar estas tasas. Sí que alguien lo entiendo, Gallardón, pero he preguntado por alguien en su sano juicio. Tanto es así que hasta cargos públicos de su partido han pedido a la Defensora del Pueblo que interceda al entender que es inconstitucional la medida. Un ejemplo sería Juan Carlos Castro Pombo, abogado y consejero del PP en Carballo (Coruña) que tacha a Gallardón como «el peor ministro de Justicia«. Lo cierto es que el ministro ha conseguido algo que nadie antes había logrado: unir a jueces, fiscales, abogados y secretarios judiciales contra una decisión del Ejecutivo.

Centrándonos en el ámbito laboral, muy de moda gracias a la reforma de la señora Báñez, estamos ente un claro caso de impunidad. Mientras que para un trabajador reclamar una indemnización por despido improcedente o un salario no cobrado, significará tener que adelantar de media 2.000 euros. Depende de lo que se esté jugando, tendrá que sopesar si su dignidad vale más o menos que el resto de sumar estas cantidades. Tendrá que decidir si salvar su honor si gana o endeudarse sin trabajo si pierde. Un todo o nada más parecido a un casino que a un país democrático y desarrollado. En cambio, para las empresas o los grandes capitales es pecata minuta. Ya lo es hoy día alargando los plazos hasta el máximo, recurriendo lo imposible y dificultando el cobro con sentencias firmes.

Pero hay otro ámbito, en el que lo que estamos poniendo en riesgo no sólo es la justicia o la dignidad de las personas, sino su propia vida. Me refiero a la violencia machista. Me explico. Aunque no hay tasas para los casos penales, el primer paso para que una mujer maltratada pueda denunciar a su torturador es separarse de este. Y para eso sólo tendrá una opción: pagar. Teniendo en cuenta la dependencia económica a la que la víctima está sometida por su verdugo, le pregunto al señor Gallardón ¿cómo lo van a hacer? Ya sabemos que el ex alcalde de Madrid no es precisamente un impulsor de las medidas de igualdad y menos de la dignidad de las mujeres, pero esto les ha sorprendido hasta instituciones en las que gobiernas sus compañeras de partido: El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del poder Judicial ya denuncia las tasas como un bloqueo en la lucha contra esta lacra.

Que no hayan entrado en vigor por un motivo meramente logístico -no han llegado los formularios necesarios- no supone más que una derogación temporal, pero que da más tiempo a la presión social y a las instituciones competentes para parar este atropello a la igualdad de los ciudadanos.

Ejemplos claros de lo que antes era gratis y ahora no: http://goo.gl/mo0w9

Vídeo de Amnistía Internacional en el que una víctima de la violencia machista retrata su experiencia ante la falta de Justicia especializada: http://goo.gl/ErPDL