Vetar nuestra decisión sobre la reproducción también es violencia

Desde que Gallardón dijo aquello de la «violencia estructural» contra la mujer que quiere ser madre o que quería volver a los supuestos, quien más  quien menos a hecho sus cábalas sobre cómo quedará la Ley Salud Sexual y Reproductiva cuando la reforme. Aunque se ha hablado de varios puntos – cómo el de el derechos de una mujer de 16 años a decidir por ella misma qué pasará en su cuerpo-, el principal cambo será el de cambiar el modelo de los plazos por el de los supuestos. Traducido: la mujer actualmente puede alegar que aborta porque ha decidido que no quiere ser madre en ese momento. Antes y, supuestamente, en los próximos meses tendrá que decir que su salud mental o física peligra con el embarazo no deseado. Si quieres ejercer tu derecho sobre tus órganos reproductivos tendrás que convencer a un desconocido de que te podrías volver loca. Y dependerá del profesional que te toque de que facilite o no este paso tan difícil para cualquier mujer.

Ahora mismo, la persona que decida interrumpir su embarazo de forma voluntaria puede acudir a una clínica autorizada de forma privada o a través del Sistema Nacional de Salud. En el 98% de los casos, el escenario suele el mismo, ya que las mujeres que deciden hacerlo por la vía pública suelen acabar derivadas a centros privados. Sólo el 1,83% de las mujeres que fueron intervenidas por este motivo en 2010 lo hicieron en centros públicos. ¿Esto es porque no hay centros preparados dentro de la red pública? Los mapas del Ministerio de Sanidad dicen que no es así: en Galicia hay tres privados y dos públicos; en Euskadi siete de cada; en Baleares son cinco públicos y tres privados.

Es verdad que hay diferencia entre comunidades, pero la media de intervenciones coincide en casi todas. Según el Dr. Segurelles, de la clínica coruñesa Arcos, esto es porque “a la administración le sale más rentable” delegar en centros privados y devolver después el coste de la intervención. Una opinión que no comparten desde el BNG, que pese a apoyar en la mayoría de los puntos a la actual normativa, ve en esta práctica un “problema” de la ley de 2010. En palabras de Ana Pontón, portavoz del grupo nacionalista en el Parlamento gallego y en la Comisión de Igualdad,  “nos se fixo nada para preparar a profesionais no sistema público para atender estes servizos e hai intereses económicos coas clínicas”.

Aunque ningún medio hable de esto, uno de los puntos que puede cambiar de la mano de Gallardón puede ser a subvención de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que pondría en jaque la igualdad ante este derecho de todas. ¿Estaríamos abriendo la puerta a que solo las personas que se lo puedan permitir acudan a médicos autorizados a abortar? ¿Se recurrirá a las intervenciones por la puerta de atrás? ¿Volverán los abortos clandestinos? Estas preguntas y otras se plantean en el reportaje que realicé esta semana para Praza Pública.